La PROFEPA ha certificado el daño ambiental que el Tren Maya está ocasionando en el sureste del país, específicamente en el Tramo 5.
Algunas de las principales afectaciones que se encontraron en el estudio del organismo son:
- Derrame de cemento en pozos acuíferos
- Oxidación de pilotes
- Colapsos de techo
- Extracción irregular de agua
Actualmente, el cemento afecta a los cuerpos de agua dentro de las cavernas de:
- Garra de Jaguar
- Manitas
- Ixtum
- Openheimmer
- Ocho Balas
Además, se confirmó el proceso de oxidación en algunos de los pilotes, así como el colapso del techo o bóveda dentro de un cenote sin nombre.
De acuerdo con el documento entregado por la PROFEPA al juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, como parte del requerimiento hecho por el juez Adrián Fernando Novelo dentro de la demanda de amparo promovida por ciudadanos de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, para la suspensión de las obras en el Tramo 5 Sur.
Cabe señalar que desde enero existe una orden para suspender de manera definitiva las actividades, no obstante, el gobierno federal no ha acatado la recomendación.
Ahora, un juez ha determinado que, de no detenerse de inmediato, el daño al medio ambiente podría ser de difícil o, incluso, de imposible reparación.
Sélvame del Tren denuncia contaminación
Patricia Godínez, integrante de la organización Moce Yax Cuxtalt y del movimiento Sélvame del Tren, dijo que el reporte es “escalofriante”, porque es la confirmación de lo que se ha venido denunciando en cuanto a los daños a las cavernas, cenotes y acuífero.
Indicó que, además del desacato a la suspensión definitiva, las obras del Tren Maya siguen y la afectación se expande.
“Con base en los hallazgos (…) en la visita de verificación, se advierte incumplimiento a lo establecido en la condicionante 26 [que tiene que ver con evitar contaminación y daños al sistema kárstico]”, agregó.
Tras recibir el informe de la Profepa, el juzgador emitió un acuerdo en el que expone lo siguiente:
“Se advierte con certeza suficiente que se están cometiendo daños al medio ambiente que podrían ser de difícil o imposible reparación, lo que obliga a este juzgador a mantener la medida precautoria [la suspensión] que hasta este momento sigue surtiendo efectos y, en ese sentido, no es posible ordenar su revocación como pretenden las autoridades responsables”, y ordenó una inspección judicial para acreditar el desacato a la suspensión definitiva.
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