La especulación que ha provocado la decisión de retirar la restricción de la importación de maíz amarillo genéticamente modificado o transgénico de Estados Unidos no se ha hecho esperar. Las implicaciones que la decisión más reciente de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Economía (SE) han provocado no son solo ambientales y de salud, sino también financieras, ya que afecta directamente a los sectores agrícola y comercial.
La medida responde a la resolución de un panel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que determinó que la prohibición impuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador carecía de base científica y afectaba las relaciones comerciales.
El comercio del maíz transgénico representa una parte significativa de las exportaciones de Estados Unidos a México, por lo que la prohibición había generado tensiones comerciales y el riesgo de represalias económicas por parte de socios comerciales.
En entrevista para Milenio, Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), declaró que “la libre compra vendrá a liberar el uso industrial del maíz blanco y su compra especulativa lo que de algún modo podría favorecer el equilibrio en el precio de la tortilla cuya producción enfrenta constante alza en el precio de insumos como es la propia materia prima, gas y electricidad”.
Sobre el maíz genéticamente modificado, aseguró que una de sus mayores fortalezas es la posibilidad de hacerlo resistente a las plagas sin daño a la salud humana.
Sin embargo, explicó que existe la posibilidad de que utilicen agroquímicos y “es donde la Cofepris y la Secretaría de Salud” deben fiscalizar y estar muy atentos para proteger la salud humana.
El presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, Sergio Jarquín Muñoz, mostró una postura positiva y señaló que la apertura a la importación de maíz genéticamente modificado es una buena noticia porque al aumentar los inventarios de maíz amarillo se terminará con la especulación del grano blanco que es la base para la producción de masa y tortilla.
“Tan sólo en los últimos dos meses el precio por tonelada de maíz blanco aumentó de 7 mil 600 a 8 mil 600 pesos debido a que las grandes comercializadoras acaparan el grano a fin de evitar sanciones por el uso de maíz transgénico que de una u otra forma se utiliza para producir alimentos procesados, harinas, jarabes y botanas”, refirió.
Además, declaró que más de 30 mil agremiados quieren que la gente consuma tortilla de calidad y que debido a eso, es importante que el maíz transgénico se use directamente en la producción de procesados y no se mezcla con el grano blanco.
“Por eso estamos solicitando al gobierno federal un programa de apoyo para proteger y aumentar la producción de algunas de las 64 especies de maíz nativo u autóctono, pues si bien se quiere prohibir la siembra de cultivos genéticamente modificados lo primero es impulsar los cultivos nacionales para atender la demanda creciente”, subrayó.
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Prohibición de maíz transgénico en México le costaría 42 mil 363 mdd al T-MEC
De acuerdo a un estudio publicado por la Organización de Innovación en Biotecnología dio a conocer que la decisión de México de prohibir el maíz transgénico tendría un impacto económico de casi 42 mil 363 millones de dólares en el producto interno bruto (PIB) de los tres países que forman parte del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante la próxima década.
Según datos obtenidos por Milenio a través de la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz de Estados Unidos (NCGA, por su sigla en inglés) pronostican que tan solo para Estados Unidos el impacto sería de 30 mil 550 millones de dólares.
En el caso de nuestro país, sería de 11 mil 720 millones, aun tomando en cuenta todo lo que depende del grano.
“Estados Unidos perdería 32 mil 217 empleos al año y los ingresos laborales caerían 18 mil 380 millones de dólares […] Para México habría una pérdida anual de 56 mil 958 puestos de trabajo, lo que reduciría los ingresos laborales en 2 mil 990 millones de dólares”, explicaron.
En lo que respecta a Canadá, perderán cerca de 92.85 millones de dólares en producción económica.
Asimismo, la medida incrementará el costo del maíz en un promedio de 19 por ciento en la siguiente década.
“Esto inflaría el costo de la mayoría de los alimentos y bienes utilizados por los mexicanos. Además, se trasladarían a los consumidores mil 56 millones de dólares en costos adicionales relacionados con la segregación de granos, la preservación de la identidad y pruebas genéticas de importaciones”, remarcaron.
La NCGA representa a casi 40 mil productores de maíz que pagan cuotas desde 1957, cuando fue fundada. y cuidan los intereses de más de 300 mil agricultores que contribuyen a través de programas de descuento de maíz.
