A menos de un mes de la jornada electoral del 1 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó la cancelación de 17 candidaturas judiciales, derivadas de nueve renuncias y ocho casos de duplicidad de registros, es decir, personas postuladas para más de un cargo a la vez, lo cual contraviene el marco normativo vigente.

Durante sesión extraordinaria, el Consejo General del INE detalló que se recibieron nueve renuncias formales, entre ellas la de:

• Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, aspirante a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

• José Rivas González y Gabriela Guadalupe Valencia Luevano, candidatos a magistraturas de circuito

• Así como María Alejandra Bernal Sánchez, María del Carmen Cordero Herrera, Carlos Rafael Hernández Blanco, Cyntia Hernández Vera, Jorge Sánchez Aburto y Angélica Jazmín Ramírez, quienes competían por cargos de jueces de distrito

Ocho casos de duplicidad

Además, el INE identificó ocho personas que se habían registrado simultáneamente para distintos cargos federales o mixtos (federal-local), por lo que sus postulaciones fueron anuladas. Algunos de estos casos incluyen:

• Gloria Rosa Santos Mendoza, postulada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

• Claudia Leonor Galindo Soto y Erik Jiménez Contreras, aspirantes a magistraturas de circuito

• Y cinco candidatos a jueces de distrito: Fabiola Judith Espina Reyes, Alejandro Torres Morán, Luis Uriel Gutiérrez Díaz, José Ernesto Moguel Espejo y Elsa María Torres Valenzuela

Ajuste al padrón de aspirantes

Con estas cancelaciones, el total de candidaturas judiciales a nivel federal pasó de 3 mil 422 a 3 mil 398, según informó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

La autoridad electoral reiteró que la duplicidad de registros no está permitida en el proceso electoral actual y subrayó que se mantendrá la vigilancia sobre la legalidad y transparencia en la contienda.

Cuatro estados presentan déficit presupuestal para elección judicial

A menos de un mes de que se celebre la elección judicial en el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de Zacatecas, Nayarit, Veracruz y San Luis Potosí enfrentan riesgos financieros altos que ponen en entredicho su capacidad operativa para llevar a cabo el proceso.

Zacatecas: uno de los más afectados

En el caso de Zacatecas, el organismo local solicitó 140 millones de pesos, pero solo se le autorizaron 60 millones, dejando un déficit operativo de 23 millones para cubrir gastos clave como contratación de personal, renta de inmuebles, alimentación y logística del día electoral. Además, adeuda 18 millones de pesos al INE como parte del convenio de coordinación, sin que hasta el momento haya recibido una respuesta del gobierno estatal.

San Luis Potosí: recursos incompletos

El Congreso local aprobó una ampliación de hasta 110 millones de pesos, pero al 30 de abril, el OPLE solo había recibido 67.7 millones, con un faltante de 42 millones. De igual forma, enfrenta un compromiso pendiente de 21 millones de pesos con el INE.

Nayarit: presupuesto insuficiente y tiempos reducidos

Nayarit se sumó tarde al proceso electoral judicial y no contempló recursos para ello en su presupuesto original. La Secretaría de Administración y Finanzas local autorizó 30 millones, de los cuales solo 20 millones han sido transferidos. El INE considera a esta entidad en “riesgo alto”, dado el poco tiempo disponible y la falta de fondos suficientes.

Veracruz: elecciones judiciales y municipales

En Veracruz, además de las elecciones judiciales, se celebrarán comicios municipales. Aunque el Congreso aprobó una ampliación presupuestal de 149 millones de pesos, el OPLE estatal adeuda 54 millones al INE y se encuentra también en “riesgo alto”, según el último informe del organismo electoral nacional.

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Riesgo medio en otras seis entidades

El informe también advierte de riesgo medio en Colima, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México, Aguascalientes y Baja California, que podrían enfrentar contratiempos en la elección judicial si no se resuelve a tiempo su situación presupuestaria.