La Fiscalía de Querétaro desistió de la acusación por homicidio y retiró todos los cargos contra una Esmeralda, una víctima de violación de 14 años que tuvo un aborto y contra la que pesaba una pena de tres años de cárcel. De manera conjunta, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, revelaron la última actualización de un caso que indignó a la sociedad durante los últimos días.
“Queremos informar que este diálogo que me hemos realizado en las últimas horas ha llegado a una serie de acuerdos que son fundamentales en un México que necesita seguir abonando a una realidad de justicia, de igualdad, y de prevenir las violencias hacia las mujeres, y sobretodo hacia las niñas”, declaró la secretaria.
Por su parte, el fiscal aseguró que ejecutarán una investigación interna por parte de la contraloría para evaluar el actuar de los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación. Con este cambio de situación jurídica, las medidas cautelares ya no tendrán efecto, por lo que la niña dejará de estar en arraigo domiciliario.
Siguiendo las instrucciones de la Presidenta @Claudiashein y derivado de la mesa de trabajo que hemos tenido con el Fiscal de Querétaro, Víctor Antonio Jesús Hernández, con gusto informo lo siguiente:
✅ Hoy la Fiscalía presentó el desistimiento de toda acción penal en contra de… pic.twitter.com/E3G1S9UTza
— Citlalli Hernández M (@CitlaHM) October 30, 2024
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’Mala praxis’ de la Fiscalía de Querétaro
En un inicio, la Fiscalía de Querétaro había comenzado una investigación contra Esmeralda por el delito de aborto, luego de que el hospital al que acudió informara sobre el caso, como lo establece el protocolo. La menor había sido agredida sexualmente por un familiar tres años mayor y, sin saber que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo.
Al llegar al hospital con dolor intenso, el personal médico reportó la situación a las autoridades, como están obligados a hacerlo y la Fiscalía pronto cambió la acusación a homicidio doloso, pidiendo tres años de cárcel y 500 mil pesos como compensación para el presunto agresor, pese a que la familia de la menor había denunciado la violación un año antes.
Mayra Dávila, representante del colectivo feminista Adax Digital, afirmó que el aborto de Esmeralda fue involuntario y está respaldado por un peritaje que indica que el feto ya presentaba signos de descomposición. La menor, originaria de una comunidad indígena en Huimilpan, confundió los intensos dolores con síntomas de su ciclo menstrual, hasta que finalmente acudió al hospital.
Sin embargo, la Fiscalía argumentó que el feto había nacido con vida y luego había sido asfixiado, un planteamiento que colectivos feministas y organizaciones civiles calificaron como una forma de revictimización.
“Este es un claro ejemplo de cómo se revictimiza a las mujeres en situación de vulnerabilidad”, expresó Dávila. Este caso subraya la necesidad de una verdadera perspectiva de género en el sistema de justicia mexicano.
Indagaciones con perspectiva de género: Prioridad para la Fiscalía
El fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández subrayó que el caso comenzó bajo la administración anterior y resaltó que su prioridad era proteger a la menor. Junto a Hernández, firmaron un acuerdo para capacitar a los funcionarios en temas de perspectiva de género, con la meta de evitar situaciones similares en el futuro.
Desde el colectivo Adax Digital, que ha dado seguimiento cercano al caso de Esmeralda, señalaron la necesidad de fortalecer la educación sexual en las escuelas y capacitar al personal de justicia para prevenir estos escenarios. “Es crucial que se garantice el respeto a los derechos de niñas y mujeres y que se evite la revictimización en el sistema judicial”, enfatizó la organización.
El caso de Esmeralda refleja la brecha entre los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la legislación en muchos estados de México. Desde 2021, la SCJN dictaminó que penalizar a una mujer por abortar es inconstitucional, pero casi la mitad de los estados del país aún clasifican el aborto como delito.
“Exhortamos a los legisladores de Querétaro a que legislen para despenalizar el aborto y hagan justicia a la realidad de las mujeres”, indicó Citlalli Hernández. “Es tiempo de apoyar a las víctimas y, especialmente, a las niñas en situaciones de vulnerabilidad”, agregó.
Adax Digital subrayó que lo prioritario ahora es que Esmeralda pueda retomar su vida.
“Es fundamental que haya justicia y que se proteja a las víctimas, en especial cuando se trata de niñas que han sido violentadas”, concluyó Mayra Dávila, representante del colectivo que ha estado acompañando el caso.
El caso de Esmeralda se ha convertido en un referente para la defensa de los derechos de niñas y adolescentes en México. La combinación de presión social, apoyo de organizaciones de derechos humanos y la intervención de la Secretaría de las Mujeres consiguió que la Fiscalía finalmente abandonara la acusación.
“Este precedente debería servir para proteger a otras niñas y adolescentes que puedan enfrentarse a situaciones de violencia o abuso sin miedo a ser criminalizadas”, comentó la secretaria Citlalli Hernández.