Es complicado determinar qué tanta influencia tiene el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la administración actual, pero de lo que no cabe ninguna duda es que las directrices que dejó al terminar su periodo se siguen obedeciendo, al menos, en esencia. El pasado miércoles, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen propuesto por el expresidente que plantea la eliminación de siete órganos autónomos.
Con 347 votos a favor, el bloque opositor poco pudo hacer con sus 128 votos en contra de las modificaciones que plantea el oficialismo, particularmente en los rubros de competencia económica y telecomunicaciones, con el objetivo de no recibir sanciones internacionales proporcionadas por el T-MEC.
El dictamen aprobado, que será discutido en lo particular este jueves a las 21:00 horas, contempla varias “reformas”, también llamadas de simplificación orgánica, que modificarán los artículos 6, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución para eliminar a los siguientes siete organismos; tres autónomos, tres regulados y uno descentralizado:
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Tras más de seis horas de debate, el pleno ordenó un receso para discutir las reservas del dictamen aprobado, las cuales, según adelantó el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, serán al menos 300. Monreal afirmó presentarán una reserva para fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica en una sola agencia o autoridad antimonopolios.
¿Por qué AMLO ordenó la desaparición de estos órganos autónomos?
“Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos (…) Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, fueron las palabras del expresidente cuando anunció que su iniciativa de reforma a la Constitución para que desaparezcan diversos órganos autónomos.
“Es otra iniciativa de ley que quiero enviar: ¿cómo desmontar todo ese aparato que crearon, paralelo al Gobierno, para tener el control de todas las decisiones del poder público?”
El presidente argumentó que todas estas funciones pueden ser llevadas a cabo por el propio Gobierno. Incluso llegó a declarar que los institutos autónomos fueron creados en sexenios pasados para ensanchar la burocracia y colocar a amigos en esos puestos de toma de decisiones. Además, aseguró que estos entes actúan a favor de los intereses privados en detrimento de lo público.
“Cada vez que se quiere defender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, sale el Instituto de la Competencia a defender a los particulares”
En conjunto, los siete organismos autónomos solicitaron por separado, como Proyecto de Presupuesto 2025, 4 mil 422 millones de pesos. El presupuesto de los organismos será destinado al Fondo de Pensiones para el Bienestar, a pesar de que las instituciones aparecieron en el listado del Presupuesto de Egresos de la Federación.
¿Cuáles son y qué funciones cumplían todos los órganos que van a desaparecer?
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Fundado en 2003 como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública o IFAI y renombrado en 2015 como INAI, era el órgano constitucional autónomo encargado de garantizar dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.
Su trabajo era garantizar que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad te entregue la información pública que solicites.
También debían verificar el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información.
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Hace poco más de un mes, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que tomará las tareas del INAI y sustituirá a la ya extinta Secretaría de la Función Pública.
A pesar de que el ente ahora desaparecido propuso a la Secretaría de Gobernación una serie de acciones para lograr ahorros y adelgazar la estructura que alcanzaría los 300 millones de pesos, que incluía disminuir hasta en tres el número de comisionados, reducción de viajes y viáticos y renuncia de bonos, no lograron convencer al oficialismo para evitar su extinción.
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
Establecida el 10 de septiembre del 2013 para garantizar la libre competencia en el mercado de nuestro país, la Cofece tiene la responsabilidad de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en el país, para que los mercados funcionen eficientemente, en favor de los consumidores.
Es decir, su labor era verificar que existan las condiciones para que las empresas, comercios, negocios y profesionistas que venden bienes y servicios puedan competir entre ellos para ganarse el favor de los clientes y evitar prácticas monopólicas.
Como lo adelantó Monreal, tanto la Cofece como el IFT pasarán a un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, aunque especificó que a pesar de que sus funciones también se trasladan a la misma secretaría, el Gobierno debe crear un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio que no dependa la decisión del secretario de Economía.
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Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Tras la extinción de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en 2013, gracias a la reforma estructural aprobada por el Congreso en septiembre de 2013, surgió el IFT. Su función es propiciar un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y radiodifusión mexicanas, además de fomentar la competencia sana en un sector que representa un valor de casi 39 mil millones de dólares para el PIB de México en 2023.
Gracias a su autoridad como agencia reguladora, ha podido determinar concentraciones como las de AT&T con Time Warner, u obligar la partición de Telmex en dos compañías, y al mismo tiempo declarar a Televisa y Telcel como agentes dominantes en sus respectivos mercados.
Como sucederá con la Cofece, el IFT será absorbido por un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía y sus funciones serán repartidas entre la Agencia Digital y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. De acuerdo a la presidenta, el futuro órgano descentralizado tendrá como principal atribución combatir los monopolios para impulsar la competencia en sectores como son los digitales.
Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval)
Creado en 2004, la tarea del Coneval era generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, para la mejora en la toma de decisiones en la materia.
Posteriormente, el 10 de febrero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, cambia su naturaleza para ser un organismo constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual estableció las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.
A pesar de haberse reducido 123 millones de presupuesto para evitar su extinción, no lo consiguieron. Sus labores ahora serán absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Creada el 3 de enero de 1994 mediante un decreto presidencial y reformas a ley del servicio público de energía, tenía el objetivo de establecer un marco regulatorio que facilitara la coexistencia de empresas privadas con las entonces paraestatales, a raíz de las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de 1992 que permitían la entrada de jugadores privados al sector eléctrico en diversas modalidades en el contexto de la apertura comercial del país.
En 2008, una serie de reformas agregaron facultades a la CRE y volvieron más compleja su operación, al igual que la liberalización del sector en 2013-14.
Actualmente, las decisiones de la CRE impactan en los recibos de luz, el precio de la gasolina, la inflación y por consecuencia en el bolsillo de los mexicanos; sus resoluciones inciden directamente en la competitividad y bienestar del país. En esencia, la CRE tenía la función crucial de establecer reglas claras y promover la certeza legal y regulatoria para el mercado energético.
También disminuyó su presupuesto para este 2025, pero eso no evitó su desaparición. La Secretaría de Energía absorberá sus funciones.
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se creó el 28 de noviembre de 2008 como un organismo con autonomía técnica para regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos en México, además de propiciar la inversión y el crecimiento económico.
Las propuestas de reforma de la administración de Enrique Peña Nieto en materia de energía, realizadas en el marco del llamado Pacto por México, tuvieron entre sus objetivos reformar las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para otorgarle mayor fortaleza y darle facultades para suscribir contratos y llevar a cabo licitaciones en materia energética.
Así como sucedió con la CRE, la Secretaría de Energía adoptará sus funciones.
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación es el más joven de los organismos, se creó el 1 octubre de 2019 para coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación cuyas responsabilidades eran realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, entre otras.
La Secretaría de Educación absorberá sus funciones.
