La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que eliminarían el artículo 142 de la iniciativa que reforma la Ley de Telecomunicaciones, que faculta a la Agencia de Transformación Digital en plataformas digitales.
“Ese artículo estaba para que la Agencia de Transformación Digital, en caso de que el SAT o alguna otra área viera algún tema relacionado con un asunto que tiene que ver con la legalidad de estas transmisiones, lo pudiera bajar, pero ya para que no haya debate, ninguna discusión de que eso significa censura, se elimina ese artículo”, declaró la presidenta.
Sheinbaum aseguró que su propósito es que se pongan a discusión los fondos de la competencia en las comunicaciones: “el derecho de las audiencias, el derecho de las radios comunitarias y el derecho del pueblo de México a una información veraz”.
“Que se abra la discusión, que se abra el debate; México es un país libre en opinión, gracias a la cuarta transformación”, sostuvo.
Además, la presidenta indicó que su propuesta de ley no supone censura alguna: “Fortalece, regula todo en términos del Internet, de la telefonía celular, de la telefonía fija, de las bandas de satélites. Es una ley que regula todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones”.
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Reforma de Telecomunicaciones viola lineamientos del T-MEC
De acuerdo con diversos expertos analistas, la propuesta de Reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) deberá ser revisada, pues además de ser inconstitucional, incumple acuerdos internacionales como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Uno de los principales puntos señalados por parte de los expertos es la preocupación respecto a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la cual recibirá nuevas facultades regulatorias, operativas e incluso ejecutivas en materia de telecomunicaciones y servicios digitales que puede generar conflictos interinstitucionales, vacíos jurídicos y duplicidad de regulaciones.
“Al crear una agencia con funciones duplicadas o mal definidas, se va en contra de lo que marca la Ley de Simplificación Orgánica. Esto podría dar lugar a controversias constitucionales y administrativas”, explicó Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).
“La falta de autonomía del nuevo ente regulador podría generar conflictos de intereses y afectar la confianza de los usuarios y de los inversionistas en el sector”, sostuvo Padilla.
¿Cuáles son las violaciones de la Reforma en Telecomunicaciones al T-MEC?
La mayor inquietud respecto a una posible violación del T-MEC por esta propuesta se enfoca en el capítulo 19, que aborda el comercio digital y el trato justo a los proveedores tecnológicos. Esto se debe a que la ATDT podría tener la autoridad para bloquear plataformas como Amazon, Mercado Libre, Netflix, Spotify, Facebook, X (antes Twitter), entre otras, sin requerir una orden judicial y sin un límite de tiempo definido.
“El proyecto plantea restricciones explícitas al uso del juicio de amparo por parte de concesionarios y proveedores de servicios digitales. Esto implica que, en caso de que la reforma sea aprobada en sus términos actuales, estas empresas no podrían impugnar judicialmente las medidas que le imponga la ATDT”, afirmó Gerardo Flores.
Además, también están las violaciones al Capítulo 18, el cual establece que México debe contar con un órgano regulador autónomo e independiente del Ejecutivo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
“La creación de la ATDT, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), podría contravenir este compromiso, ya que la autonomía del nuevo organismo sería limitada y sujeta a la autoridad del Ejecutivo”, indicó Gerardo Flores.
Por su parte, Jorge Moreno, abogado especializado en telecomunicaciones, recordó que el T-MEC promueve la transparencia, la competencia y la no discriminación en el acceso a los servicios digitales.
Por último, los especialistas coincidieron en que, tras la decisión de postergar la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, resulta esencial iniciar un parlamento abierto que contemple la participación de empresas, instituciones académicas, organizaciones del sector y también las opiniones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dado su amplio conocimiento en la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión.
